El presidente argentino, Javier Milei, promulgó la denominada «ley de principio de inocencia fiscal«, que eleva los umbrales mínimos para acusar a ciudadanos por evasión, con el objetivo de estimular el blanqueo de ahorros en un contexto de reservas exiguas y vencimientos de deudainminentes.
La ley, aprobada por el Congreso en diciembre, busca que los argentinos ingresen al sistema bancario los «dólares debajo del colchón«, como se conoce a los ahorros no declarados, que según estimaciones oficiales ascienden a 251,000 millones de dólares.
En diciembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Argentina tiene un programa crediticio por 20,000 millones de dólares desde abril, pidió al gobierno «esfuerzos» para reconstruir las reservas internacionales.
La ley publicada el viernes en el boletín oficial aumenta significativamente los montos a partir de los cuales se investiga la evasión (unos 70,000 dólares por año fiscal), reduce los plazos de prescripción para delitos financieros y crea un nuevo régimen impositivo en el que los inscritos quedan eximidos de informar variaciones patrimoniales.
