Las medidas anunciadas por el Gobierno español incluyen protección para hogares vulnerables, nuevas reglas para los contratos de arrendamiento y restricciones a determinadas compras inmobiliarias de fondos de inversión. Los decretos todavía deberán superar su tramitación parlamentaria.
MADRID, ESPAÑA.– El Gobierno de España aprobó este martes 29 de septiembre dos reales decretos leyes con medidas destinadas a afrontar la crisis de acceso a la vivienda, entre ellas la ampliación de la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables hasta 2030 y una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta diciembre de 2028.
La decisión se produjo después de varios días de movilizaciones sociales en Madrid, intensificadas tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas residiendo en su vivienda.
El acuerdo fue alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, las dos formaciones que integran la coalición gubernamental encabezada por Pedro Sánchez.
Sin embargo, las medidas todavía deben superar un trámite determinante: la convalidación en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo necesita el respaldo de otras fuerzas políticas.
PROTECCIÓN FRENTE A DESAHUCIOS HASTA 2030
Una de las principales disposiciones contempla ampliar hasta 2030 la protección frente a los desahucios para personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cumplan las condiciones establecidas.
Esto no significa que todos los desalojos queden prohibidos de manera general hasta esa fecha.
El objetivo anunciado por el Ejecutivo es reforzar los mecanismos destinados a evitar que determinados hogares pierdan su residencia habitual sin contar con una alternativa habitacional.
PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER
El segundo decreto incluye una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, con el propósito de ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos cuyos acuerdos estén próximos a vencer.
La propuesta contempla extender determinados contratos hasta diciembre de 2028, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el texto.
La renovación de los alquileres constituye uno de los asuntos que han generado mayores diferencias durante las negociaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios.
RESTRICCIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y ALQUILERES TEMPORALES
El paquete gubernamental también contempla medidas dirigidas a limitar determinadas operaciones de compra de viviendas por parte de fondos de inversión, conocidos popularmente en el debate español como “fondos buitre”.
Las restricciones anunciadas se plantean hasta 2028.
Asimismo, el Ejecutivo propone reforzar la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, modalidades que han adquirido relevancia dentro del mercado inmobiliario español.
Estas iniciativas forman parte de un conjunto más amplio de medidas que incluye instrumentos fiscales y propuestas relacionadas con el acceso a la vivienda.
EL CASO DE MARICARMEN Y LAS PROTESTAS EN MADRID
La aprobación de los decretos se produjo en medio de las protestas por el acceso a la vivienda, que cobraron especial visibilidad después del desalojo de Maricarmen Abascal.
La mujer, de 87 años, fue desalojada de una vivienda madrileña en la que había residido durante aproximadamente siete décadas, después de que el inmueble pasara a manos de una empresa inversora.
Su caso generó movilizaciones y concentraciones, entre ellas una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
Organizaciones de inquilinos han reclamado mayores garantías para los arrendatarios, estabilidad contractual y medidas frente al incremento de los precios.
Entre sus demandas figura la implantación de contratos de alquiler de duración indefinida mientras se cumplan las obligaciones correspondientes.
LOS DECRETOS TODAVÍA NECESITAN RESPALDO PARLAMENTARIO
Aunque el Consejo de Ministros aprobó las iniciativas, su continuidad dependerá del proceso de convalidación en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno español no dispone de mayoría propia, por lo que necesita negociar con otras formaciones políticas.
Las diferencias se concentran especialmente en el alcance de las prórrogas de alquiler, las restricciones a las operaciones inmobiliarias y la protección de los pequeños propietarios.
El Ejecutivo defiende las medidas como una respuesta a la crisis habitacional, mientras distintos grupos políticos y organizaciones sociales mantienen posiciones diferentes sobre su contenido y alcance.
La evolución de los decretos dependerá ahora de su tramitación parlamentaria.
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