El Congreso analiza aumentar las sanciones o modificar la edad para juzgar a adolescentes como adultos. Organizaciones de derechos humanos advierten que cualquier reforma debe contemplar prevención, rehabilitación y reinserción social.
Tegucigalpa, Honduras, 25 de octubre de 2026. – Honduras abrió un debate sobre posibles cambios en su sistema de justicia juvenil ante la participación de adolescentes en delitos vinculados con las pandillas, conocidas como maras, que operan en distintas zonas del país.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, planteó revisar las sanciones aplicables a menores de edad y estudiar la posibilidad de que algunos adolescentes sean procesados bajo el régimen penal de adultos.
La iniciativa surge ante la preocupación de las autoridades por el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.
Sin embargo, organizaciones defensoras de la niñez advierten que endurecer las penas no garantiza, por sí solo, una reducción de la violencia y piden fortalecer las políticas de prevención y rehabilitación.
¿Qué cambios propone el Congreso de Honduras?
Entre las alternativas planteadas por Zambrano se encuentran ampliar los períodos de internamiento para adolescentes responsables de delitos graves o modificar la legislación para permitir que algunos sean juzgados como adultos.
El 21 de octubre, la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso inició un proceso de consultas con representantes de instituciones públicas y organizaciones especializadas.
En las reuniones participaron representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden) y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Hasta el momento, no se ha presentado públicamente un articulado definitivo que establezca la nueva edad de imputabilidad o las sanciones que serían aplicables.
¿Cómo funciona actualmente la justicia juvenil?
En Honduras, los adolescentes de entre 12 y 17 años están sujetos a un sistema especializado de responsabilidad penal juvenil.
Este régimen contempla medidas de internamiento y alternativas a la privación de libertad, con un enfoque orientado a la rehabilitación y la reinserción social.
Las personas de 18 años o más son procesadas bajo el sistema penal ordinario.
De acuerdo con datos divulgados por Coiproden, 163 adolescentes permanecen en cinco centros de internamiento, mientras otros 1,276 cumplen medidas alternativas.
Estas cifras muestran que la legislación vigente ya establece consecuencias para los adolescentes que cometen infracciones, aunque bajo reglas diferentes de las aplicadas a los adultos.
Autoridades buscan enfrentar el uso de menores por pandillas
Los promotores de la revisión legal argumentan que las organizaciones criminales pueden utilizar a adolescentes para cometer delitos, aprovechando las diferencias entre el régimen juvenil y el sistema penal de adultos.
Entre las actividades delictivas relacionadas con las maras figuran la extorsión, el tráfico de drogas, las amenazas y los homicidios.
Según datos atribuidos al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), una proporción importante de los adolescentes involucrados en actividades delictivas está relacionada con casos de extorsión y narcotráfico.
El planteamiento legislativo busca revisar las herramientas disponibles para responder a estos hechos y a la utilización de menores por estructuras criminales.
Organizaciones advierten sobre riesgos de endurecer las sanciones
El director ejecutivo de Coiproden, Wilmer Vásquez, sostuvo en declaraciones a la Agencia EFE que cualquier reforma debe sustentarse en evidencia y respetar la Convención sobre los Derechos del Niño.
La organización considera que aumentar las penas no garantiza una mayor seguridad ciudadana y que el Estado debe fortalecer los programas de prevención, educación y reinserción.
Vásquez también recordó que los adolescentes que infringen la ley ya pueden recibir sanciones dentro del sistema especializado.
Por su parte, Cándida Maradiaga, representante de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, advirtió que la posibilidad de juzgar a adolescentes como adultos requiere un análisis jurídico y social que considere las obligaciones internacionales de Honduras.
Pobreza, educación y reclutamiento de adolescentes
Las organizaciones de derechos humanos señalan que el debate no debe limitarse al tiempo de las condenas.
Entre los factores que consideran relevantes figuran la pobreza, la exclusión educativa, la violencia comunitaria y la captación de menores por organizaciones criminales.
Según datos citados por los defensores de la niñez, más de 1.2 millones de niños y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo hondureño.
También se han documentado casos de desplazamiento forzado que afectan a menores de edad.
Para estas organizaciones, las políticas de seguridad deben acompañarse de medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los adolescentes frente a las pandillas.
¿Qué ocurrirá con la propuesta?
La discusión continuará en el Congreso Nacional, donde los legisladores deberán evaluar las recomendaciones de las instituciones consultadas antes de definir posibles modificaciones legales.
Por ahora, Honduras no ha aprobado una nueva edad de responsabilidad penal ni un aumento general de las sanciones contra menores de edad dentro de esta iniciativa.
El resultado del debate dependerá del contenido final de la propuesta, de su trámite legislativo y de las decisiones que adopten los diputados.
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