La Administración podrá continuar por ahora con los traslados a países distintos al de origen mientras el Tribunal Supremo analiza el caso. Los magistrados escucharán argumentos en diciembre.
WASHINGTON.– El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió temporalmente a la Administración del presidente Donald Trump continuar con la política de deportar a determinados migrantes a terceros países, es decir, naciones distintas a sus países de origen.
La decisión, emitida el martes 29 de septiembre, suspende por ahora las restricciones impuestas por tribunales inferiores mientras continúa el litigio sobre la legalidad de esta política.
El Supremo también acordó escuchar argumentos en diciembre.
Por tanto, la decisión no constituye todavía un fallo definitivo sobre la legalidad de las deportaciones a terceros países.
¿QUÉ ES UNA DEPORTACIÓN A UN TERCER PAÍS?
Una deportación a un tercer país ocurre cuando Estados Unidos expulsa a una persona hacia una nación diferente de su país de origen.
Esta alternativa puede ser utilizada, entre otras circunstancias, cuando existen obstáculos para enviar al migrante a su nación de procedencia.
La Administración Trump ha ampliado el uso de este mecanismo y sostiene que constituye una herramienta necesaria para ejecutar determinadas órdenes de deportación.
Organizaciones defensoras de los migrantes, en cambio, cuestionan el procedimiento cuando una persona puede ser enviada a un país con el que no tiene vínculos o donde asegura que podría enfrentar persecución, tortura u otros riesgos.
¿QUÉ HABÍAN DECIDIDO LOS TRIBUNALES INFERIORES?
El litigio comenzó después de que migrantes impugnaran la política alegando que podían ser enviados a terceros países sin recibir suficiente información ni una oportunidad significativa para plantear temores de persecución o tortura.
Un tribunal federal de Massachusetts determinó que las personas afectadas debían recibir un aviso significativo antes de ser trasladadas y disponer de una oportunidad para plantear posibles riesgos.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito respaldó en gran medida esas protecciones.
La Administración recurrió entonces al Tribunal Supremo.
¿QUÉ CAMBIA CON LA DECISIÓN DEL SUPREMO?
La orden del Tribunal Supremo deja temporalmente en suspenso las restricciones impuestas por los tribunales inferiores.
Esto permite al Gobierno federal continuar por ahora aplicando su política de deportaciones a terceros países mientras se desarrolla el proceso judicial.
Sin embargo, el caso no ha terminado.
El Supremo escuchará argumentos en diciembre sobre cuestiones relacionadas con la autoridad de los tribunales para intervenir en el caso y la legalidad de los procedimientos utilizados para realizar estas deportaciones.
TRES JUEZAS SE OPUSIERON
La orden fue emitida sin una opinión extensa explicando las razones de la decisión.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson indicaron que habrían rechazado la solicitud del Gobierno para suspender las restricciones.
El resto de los magistrados permitió que la suspensión entrara en vigor mientras el caso continúa.
MÁS DE 25,000 DEPORTACIONES
Estimaciones elaboradas por organizaciones defensoras de los derechos de migrantes sitúan en más de 25,000 las personas deportadas hacia terceros países.
Los destinos han incluido países de diferentes regiones del mundo.
Estas cifras no proceden directamente de una estadística consolidada publicada por el Tribunal Supremo, sino de recuentos realizados por organizaciones que siguen la aplicación de la política.
EL DEBATE SOBRE EL DEBIDO PROCESO
La disputa jurídica no se limita a determinar si Estados Unidos puede deportar personas a terceros países.
Uno de los puntos centrales es qué procedimientos y oportunidades de impugnación deben recibir los migrantes antes de que ocurra el traslado.
La Administración sostiene que los procedimientos adicionales exigidos por tribunales inferiores dificultan las expulsiones y afectan acuerdos establecidos con otros gobiernos.
Los abogados de los migrantes argumentan que permitir una oportunidad para plantear riesgos de persecución o tortura no impide las deportaciones a terceros países, sino que establece protecciones antes de ejecutarlas.
Organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales también han expresado preocupación por posibles riesgos para personas enviadas a determinados destinos.
¿QUÉ PASA AHORA?
La política podrá continuar mientras permanece vigente la suspensión ordenada por el Tribunal Supremo.
El próximo momento clave llegará en diciembre, cuando los magistrados escuchen los argumentos del caso.
Después corresponderá al Tribunal determinar las cuestiones legales de fondo sometidas a su consideración.
Hasta entonces, es importante distinguir entre la decisión temporal emitida esta semana y una futura sentencia definitiva sobre la legalidad de la política.
DÍMELO ONLINE | INTERNACIONAL
www.dimeloonline.com
